La Fiscalía pide tres años de prisión para Antonia Alcázar y otros tres responsables municipales por presuntamente ignorar durante años las denuncias vecinales contra un restaurante
La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles el juicio contra la Alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, y otros tres responsables municipales acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La causa se centra en la supuesta falta de actuación del Ayuntamiento ante las reiteradas quejas de vecinos por el ruido y las molestias generadas por el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al menos a 2019. El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían omitido de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística, protección ambiental y defensa de la salud de los vecinos, pese a las denuncias formuladas durante años por la actividad del establecimiento hostelero, situado en la calle María Zambrano número 9 de Velilla de San Antonio.
Junto a la alcaldesa están acusados el técnico de Urbanismo F. R. F. y los concejales E. I. A. S., responsable de Medio Ambiente, y J. P. R., titular del área de Urbanismo. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita tres años de prisión, una multa de veinte meses con una cuota diaria de 15 euros y doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.
Denuncias vecinales por ruido, fiestas y eventos hasta la madrugada
El origen del procedimiento está en las quejas de los vecinos por la actividad del restaurante, que, según la Fiscalía, disponía de licencia de restaurante concedida en 2006, pero no contaba con autorización para celebrar eventos en zonas exteriores.
La acusación pública sostiene que en esas áreas se habrían organizado bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, uso de pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada. El escrito recoge además presuntos incumplimientos reiterados de los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica, con eventos que se habrían prolongado en algunos casos hasta las cinco o seis de la mañana.
Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias vecinales y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, según el Ministerio Público, el Ayuntamiento únicamente incoó cuatro expedientes sancionadores, todos ellos paralizados y sin resolución definitiva.
La Fiscalía acusa al Ayuntamiento de no actuar pese a las quejas
La Fiscalía considera que los responsables municipales no ejercieron sus competencias de inspección y disciplina urbanística ni adoptaron medidas cautelares o de restablecimiento de la legalidad. A juicio del Ministerio Público, esa falta de actuación habría supuesto un incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Tres vecinos afectados reclaman indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante esos años, especialmente en los meses de primavera y verano, cuando aumentaba la celebración de eventos y se intensificaban las molestias acústicas.
El Ministerio Público solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados con 4.000 euros.
La Alcaldesa de Velilla de San Antonio, hermana de Gertrudis Alcázar
La causa tiene además una derivada política por la relación familiar de Antonia Alcázar. La Alcaldesa de Velilla de San Antonio es hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante su etapa en La Moncloa y militante del PSOE de Madrid.
El nombre de Gertrudis Alcázar ha adquirido relevancia pública en las últimas semanas después de que la Audiencia Nacional la situara como una supuesta pieza operativa esencial en la investigación del denominado caso Plus Ultra, relacionado con el rescate público de la aerolínea y la presunta trama de tráfico de influencias que investiga el juez José Luis Calama.
El juicio en la Audiencia Provincial de Madrid deberá determinar ahora si la actuación de la alcaldesa y del resto de responsables municipales constituyó una omisión deliberada de sus obligaciones o si, por el contrario, no existió responsabilidad penal en la gestión de las denuncias vecinales contra el restaurante.
