El Consejo de Ministros aprobará hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2023, tras el acuerdo alcanzado esta madrugada por los socios de la coalición de Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Efe que estos Presupuestos incorporarán el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado de bienestar y suponen una nueva muestra de estabilidad, dado que el Gobierno saca adelante sus cuentas «en tiempo y forma por tercer año consecutivo».
Las cuentas públicas para 2023 garantizarán el poder adquisitivo de pensionistas y mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, según estas fuentes, que destacan también que la sanidad, la educación, la dependencia y las becas serán ámbitos donde el Ejecutivo hará especial hincapié.
Máximo techo de gasto
Las cuentas de 2023 incorporarán también los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretenden orientar la economía española hacia un modelo «más digital, más verde y más productivo».
El pasado mes de julio el Gobierno aprobó un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 1,1 % el de las cuentas de 2022, con una referencia de déficit del 3,9 % del PIB, 1,1 puntos menos que lo que se espera para este ejercicio.
Todo apunta a que las cuentas del próximo ejercicio incluirán una revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como una subida salarial para los empleados públicos del 2,5 %, a la que se podría sumar un 1 % adicional en función de la evolución del producto interior bruto (PIB) y la inflación, según el acuerdo cerrado este lunes.
También incorporarán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero no la extensión de las medidas para atajar la inflación -como la bonificación del carburante o la bajada del IVA eléctrico-, que se decidirá a final de año.
Rebajas fiscales
Por el lado de los ingresos, Hacienda ya presentó la pasada semana su paquete fiscal, que en parte será incluido en el texto presupuestario, como las nuevas bonificaciones en el IRPF para rentas por debajo de los 21.000 euros.
El paquete también incluye un aumento de la tributación para las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la rebaja del impuesto de sociedades para micropymes, la bajada del IVA para productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales, rebajas en el IRPF para autónomos o una limitación temporal a la compensación de pérdidas dentro de los grupos empresariales.
En cambio, el nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros tendrá que tramitarse en una ley independiente, igual que sucedió con los gravámenes para la banca y las energéticas, recogidos en una proposición de ley actualmente en tramitación en el Congreso.
Díaz: el presupuesto mejora el paro y da más ayudas a dependientes
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 recuperarán el 60 % de la base reguladora desde los 6 meses de la prestación por desempleo e incluirán un plan de choque en dependencia dotado con 600 millones de euros.
«Dejamos atrás el último recorte del PP en materia de desempleo», ha dicho la vicepresidenta en Twitter respecto a una medida que ha calculado que beneficiará a 300.000 personas, «un gran avance que llegará a miles de hogares».
Sin embargo, Unidas Podemos no ha conseguido arrancar de su socio socialista en el Gobierno dos de sus principales exigencias. Ha firmado el acuerdo presupuestario para 2023 sin desbloquear la ley de vivienda, para topar los alquileres y frenar subidas abusivas de las hipotecas, y sin lograr derogar la ley mordaza del PP.
Pese a no lograr sus principales objetivos, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho en el Congreso que son unas cuentas públicas expansivas, pero lo más importante -ha defendido- es que hacen hincapié en el capítulo de los ingresos. Ha subrayado que gracias a su formación se ha avanzado en la reforma fiscal, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas.
El portavoz parlamentario ha hecho hincapié en que seguirán peleando por intervenir el mercado inmobiliario porque es un derecho humano y ni el PSOE ni Unidas Podemos se pueden permitir que la ley de vivienda no se apruebe antes de que concluya el año.
Ley de familias
Como parte del acuerdo ambas partes se han comprometido a tramitar urgentemente una ley de familias que incluirá una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y nuevos permisos de conciliación para cuidadores, para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas.
Además, se asimilarán las familias monomarentales, con 2 hijos, a la actual categoría de familias numerosas.
Dentro de los presupuestos, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones, sube de 579,02 a 600 euros.
El plan de choque en dependencia reducirá las listas de espera, implementando nuevas prestaciones y servicios, y mejorando las condiciones laborales de quien cuida, según Díaz.
Se incrementan las partidas destinadas a las políticas de igualdad, especialmente para el plan de inserción de víctimas de trata y el programa corresponsables.
Reforzar sistema nacional de salud
Se refuerza el sistema nacional de salud «especialmente en tres áreas: atención primaria, salud mental (aumentando el 67 % del presupuesto) y salud bucodental».
En el ámbito de la energía se impulsan las comunidades energéticas para avanzar en una transición justa desde la cooperación y el compromiso colectivo, y se fomenta el autoconsumo.
Se consolida el programa de renaturalización de las ciudades y reforzamos las zonas de bajas emisiones, las de gestión forestal y protección del medio natural, al tiempo que se impulsará la creación de carriles bici para potenciar su uso.
Según Díaz, la función y el objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias españolas y su bienestar, con unas cuentas «que le hablan a las personas trabajadoras, a quienes peor lo pasan».
«Son cuentas públicas que aportan certidumbres, que afrontan con valentía el efecto de la inflación y que consolidan la protección social y del tejido productivo que el Gobierno está impulsando», ha defendido.
EFE.
