Se establecerán sanciones en caso de que las empresas trasladen el impuesto a los clientes del 150% del importe repercutido
El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios.
Así se recoge en las proposiciones de ley que el Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso, dando inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras.
El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
De su lado, el impuesto «excepcional y temporal» dirigido a «las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés», según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años –sobre los ejercicios 2022 y 2023– y buscará recaudar 1.500 millones cada año.
Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.
