- Esta situación deja a 19 Centros Especiales de Empleo en riesgo de quiebra técnica por insolvencia.
- La Comunidad de Madrid niega la existencia de irregularidades, ni en la publicación ni en la adjudicación de estos incentivos a la contratación.
- La plataforma de centros afectados reclaman medidas correctoras o compensatorias mediante una convocatoria extraordinaria de subvenciones.
19 Centros Especiales de Empleo no han podido tramitar sus solicitudes para acceder a las subvenciones de incentivos a la contratación de personas con discapacidad, que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo han ofertado en 2023. La razón es debida al cambio de procedimientos que ha puesto en marcha el gobierno regional, y que ha supuesto que, muchos de estos centros especiales de empleo no recibieran información detallada de la última convocatoria de 2023, razón por la cual, no han podido presentar en plazo las correspondientes solicitudes.
Con fecha 17 de abril, a escasos días del comienzo de la convocatoria, la Comunidad de Madrid dirigió un correo a los Centros Especiales de Empleo en el que se les notificaba una importante modificación en el procedimiento de comunicación, según la cual, las notificaciones se llevarían a cabo a través del denominado servicio de alertas 012, debiéndose inscribir en esta plataforma los referidos centros para poder utilizar el servicio de alertas. Este improvisado cambio del procedimiento ha supuesto que, muchos de los centros, no hayan tenido tiempo material para realizar los trámites oportunos, y por lo tanto, queden fuera de plazo para recibir las ayudas de incentivos a la contratación.
La pérdida de estas ayudas, dejan en una situación económica muy delicada a los centros especiales de empleo afectados, que ven peligrar su viabilidad, dejándoles en riesgo de quiebra técnica por insolvencia, una situación que conllevaría el consiguiente despido de más de 450 trabajadores con discapacidad.
La plataforma de centros afectados han dirigido una carta a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en la cual explican la delicada situación que atraviesan, al tiempo que, le proponen una solución a este grave problema. Díaz Ayuso se ha limitado a negar “la existencia de irregularidades, ni en la publicación ni en la adjudicación de incentivos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo en 2023”.
Según los responsables de estos centros, “la Comunidad de Madrid debe responder de esta alteración en el sistema de comunicación implementada en 2023, especialmente, cuando ésta se ha llevado a cabo sin el conocimiento previo de los Centros Especiales de Empleo, y sin las suficientes medidas transitorias para una correcta implementación.
Para subsanar esta incidencia, la plataforma de centros afectados reclaman “medidas correctoras o compensatorias mediante una convocatoria extraordinaria de subvenciones, como ya ocurriera en 2020, en plena pandemia, cuando muchos centros no presentaron en tiempo y forma sus solicitudes”. De momento, no ha habido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid.
El papel de los Centros Especiales de Empleo
La actividad de los centros especiales de empleo está orientada a facilitar la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad, cumpliendo de esta manera, una importante función social.
La mayor parte de la actividad desarrollada por estos centros se lleva acabo mediante la celebración de contratos públicos. Las ofertas económicas presentadas por los adjudicatarios en muchas ocasiones se realizan a la baja, debiéndose, en estos casos, justificar convenientemente ente el órgano de contratación la viabilidad de las mismas.
La principal razón de que estas ofertas se calculen a la baja es bien sencilla: acreditada la condición de Centro Especial de Empleo, a las empresas adjudicatarias, se les aplican bonificaciones del 100% de la cuota de la Seguridad Social. Por esta razón, es habitual que los centros hagan el cálculo de costes teniendo en cuenta que se subvencionarán parcialmente los costes salariales, con una cuantía equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional o la parte proporcional según la jornada trabajada.
La pérdida de estas ayudas, ponen en jaque la viabilidad de estos proyectos de inserción laboral y el propio sostenimiento de los centros.
