La ley de garantía integral de la libertad sexual entra en vigor este viernes. La norma fue aprobada el pasado 25 de agosto por el Congreso de los Diputados y elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso.
La conocida como ley del solo sí es sí reforma el Código Penal y establece que todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento es una agresión sexual castigada con pena de prisión de 1 a 4 años.
El consentimiento expreso será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales. Se define de la siguiente manera: «Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».
De esta manera, las víctimas ya no tendrán que demostrar que han sufrido violencia o que se han resistido para acreditar una agresión. Se eliminan los abusos sexuales del Código Penal.
La violación será castigada con hasta 15 años de cárcel
La ley considera violación toda agresión sexual con penetración y la castiga con pena de prisión de cuatro a doce años. La pena máxima será de quince años en el caso de la violación y de ocho en el de la agresión sexual sin penetración cuando concurra alguna agravante, como la agresión en grupo, la violencia extrema o la especial vulnerabilidad de la víctima.
La norma introduce de forma expresa también como agravante el que se anule la voluntad de la víctima con fármacos o drogas (sumisión química) y que entre la víctima y el agresor haya existido o exista una relación de pareja.
Además, penaliza el acoso callejero, entendido como comportamientos o proposiciones de carácter sexual que generen a la víctima una situación humillante, hostil o intimidatoria. Multa asimismo el reenvío de imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.
Algunas partes de la ley entran en vigor dentro de cinco meses
Algunos apartados de la ley entrarán en vigor dentro de cinco meses. Entre ellos, el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, desde atención médica y psicológica. También la cobertura de las necesidades económicas, laborales y de vivienda, a la asistencia jurídica y a una indemnización.
Se reforzarán las unidades de valoración forense integral para ocuparse de los casos de violencias sexuales contra mujeres y niños. Abrirán «centros de crisis» 24 horas para la atención interdisciplinar a las víctimas y «casas de niños». Serán lugares adaptados para acoger a los menores víctimas de violencia sexual en los que se realizarán todas las diligencias necesarias.
EFE.
