Los diputados podían expresarse en las lenguas cooficiales catalán, gallego, euskera y aranés en plenos, comisiones y otros ámbitos del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales de España. Es algo que hasta ahora, aunque no estaba prohibido de forma explícita pero sí era objeto de llamadas de atención y, en caso de reiteración, de retirada del uso de la palabra. Ahora el uso de las diferentes lenguas hace necesario el uso de pinganillos.
Las lenguas de España
El castellano es el idioma oficial del Estado. Todos los ciudadanos españoles tienen la obligación de conocerlo y el derecho a utilizarlo
Esta declaración fue motivo de debate durante la redacción de la Constitución de 1978, de forma similar a la controversia en la Constitución de 1931, cuando Ortega y Gasset y Unamuno defendieron que se usara el término “español” en lugar de “castellano”. En 1926, la Real Academia de la Lengua recomendó el uso preferente de «español» y reservó “castellano” para un contexto histórico.
En 1978, los senadores y académicos de la lengua Camilo José Cela y Julián Marías propusieron la fórmula “castellano o español” como lengua oficial, para tratar de lograr un consenso. Sin embargo, en el Congreso se decidió que el castellano sería “la lengua española oficial del Estado”. Esto implica que debe ser enseñada en todo el país y se debe facilitar su uso sin impedimentos en cualquier lugar y situación.
Las otras lenguas españolas también serán oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas, según lo indiquen sus Estatutos
La oficialidad del castellano no impide que otras lenguas españolas sean también oficiales en las Comunidades Autónomas correspondientes. Así lo establecen los Estatutos del catalán, vasco y gallego, que reconocen oficialmente al catalán, el euskera y el gallego, junto con el castellano. La Constitución de 1978 representa un mayor reconocimiento a las lenguas de España que la de 1931, pero su uso no debe menoscabar la importancia del castellano, patrimonio común de todos los españoles y millones de hispanohablantes en América y África.
La diversidad lingüística de España es un patrimonio cultural que se respetará y protegerá especialmente
Dentro de esta diversidad se incluyen dialectos y hablas que, sin ser oficiales, reciben “especial respeto y protección” según los respectivos Estatutos. Ejemplos de estos dialectos son el aranés del Valle de Arán, la fabla aragonesa y el bable de Asturias.
El uso de lenguas cooficiales en el Congreso ha sido uno de los compromisos de Francine Armengol desde su elección como presidenta el 17 de agosto, una propuesta que también promovió Yolanda Díaz. Además, los partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, lo han exigido como condición para apoyar a Armengol como presidenta de la Cámara baja.
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Libertad de expresión
El Artículo 20 desarrolla el principio de libertad ideológica del Artículo 16 de la Constitución Española, lo cual incluye el derecho a expresarse en catalán, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados.
1.- Se reconocen y protegen los derechos:
- a) A expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio.
- b) A la producción y creación en el ámbito literario, artístico, científico y técnico.
- c) A la libertad de cátedra.
- d) A comunicar y recibir información veraz sin restricciones. La ley regulará el secreto profesional y la cláusula de conciencia.
2.- Estos derechos no pueden ser limitados mediante censura previa.
3.- La ley organizará el control parlamentario de los medios de comunicación del Estado, asegurando acceso a todos los grupos significativos y respetando la pluralidad lingüística de España.
4.- Estas libertades encuentran sus límites en el respeto a otros derechos, como el honor y la intimidad, y en la protección de la juventud y la infancia.
5.- La incautación de publicaciones o medios informativos solo podrá ordenarse mediante resolución judicial.
Pinganillos o el uso del castellano
El uso de tecnologías como auriculares, equipos y servicios de interpretación para las lenguas cooficiales implica un gasto considerable. En 2023, el Senado destinó 280.000 euros para los intérpretes. En la solicitud presentada por los grupos que desean el uso de lenguas cooficiales se establece que el Congreso ofrecerá servicios de interpretación para intervenciones en cualquier lengua oficial.
Se ha dado un plazo de seis meses para adaptar los medios necesarios y, durante este tiempo, los documentos presentados en lenguas distintas del castellano deberán incluir traducción. La reforma reglamentaria incluirá un apartado que permita el uso de cualquier lengua cooficial en la actividad parlamentaria.
El caso de Irlanda
En Irlanda, el irlandés y el inglés son lenguas oficiales. Aunque el irlandés es el idioma nacional, lo usa cotidianamente menos del 3% de la población. En el Parlamento y Senado de Irlanda, se pueden utilizar ambos idiomas, pero los políticos suelen empezar en irlandés y luego continúan en inglés.
Una solución similar en España podría reducir el uso de auriculares, permitiendo que las intervenciones se inicien y finalicen en catalán, gallego o euskera, mientras que la mayor parte se realice en castellano, ahorrando así costos y facilitando la comprensión a todos los diputados.
El Instituto Cultural Español en Dublín, hoy Instituto Cervantes, se inauguró en 1974, incluyendo cursos de catalán, gallego y euskera en su programa de 1975. Estas lenguas, sin embargo, no están disponibles en la mayoría de escuelas oficiales de idiomas de España, un contraste con su uso previsto en el Congreso. La Universidad de Málaga también ha incorporado un curso sobre lenguas españolas, dirigido por el profesor Francisco Carriscondo, quien lidera el Proyecto Lengua y Prensa con un extenso archivo sobre las lenguas en España.
