El PP se queralla contra el PSOE ante la Audiencia Nacional, acusándolo de presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Esta acción intensifica la presión del PP sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, tras los recientes hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de un socio de Víctor de Aldama, quien afirma que se entregaron bolsas con 90,000 euros en la sede del PSOE en Ferraz para pagar presuntos favores. Con esta querella, Sánchez enfrenta otro desafío judicial, que se suma a las investigaciones del «caso Koldo,» el «caso Begoña,» y la indagación sobre su hermano, David Sánchez.
El PP, a través de su portavoz Borja Sémper, busca llevar a los tribunales la corrupción que atribuyen al PSOE, mientras los socialistas responden acusando a Alberto Núñez Feijóo de adjudicaciones a dedo a la empresa donde trabaja su hermana. Feijóo, por su parte, ha minimizado estas acusaciones, insistiendo en que forman parte de una estrategia del PSOE para desviar la atención de los casos de corrupción que lo salpican. Sin embargo, el PSOE también ha insinuado que podría acudir a la Justicia para contrarrestar los movimientos judiciales del PP, pese a criticar al partido de Feijóo por utilizar los tribunales como herramienta política.
Sémper ha declarado que la información sobre estos casos seguirá creciendo y que la investigación desvelará nuevos implicados. Además, ha subrayado que el informe de la UCO revela contradicciones en la versión oficial de Sánchez respecto al viaje de Delcy Rodríguez a España, al señalar que el presidente autorizó la visita de la política venezolana días antes, a pesar de afirmar lo contrario.
La ofensiva del PP no solo se limita a los tribunales, sino que también se ha extendido al Senado, donde han impulsado una comisión de investigación sobre el «caso Koldo.» Aunque aún no hay fecha para la comparecencia de Sánchez, Sémper ha reiterado que el presidente será llamado a responder ante esta comisión y ha afirmado que todo saldrá a la luz. Pese a que han considerado una moción de censura, el PP reconoce que actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para llevarla a cabo. Por el momento, su estrategia se centra en recabar información y exigir respuestas por parte del Gobierno, reclamando un ejercicio de «transparencia política» y cooperación con la Justicia.
El PP de Alcalá llevará al PSOE ante los tribunales por propagar bulos de una falsa sanción de la Junta Electoral a Judith Piquet
