Tal y como se preveía, el pasado jueves 15 de julio se tumbó en el pleno de la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid durante la primavera de 2020, cuando se produjo la primera ola, y la gestión realizada por el gobierno regional de febrero a junio del mismo año.
Según los datos que han sido recopilados por los ministerios de Derechos Sociales, Sanidad y Ciencia e Innovación, en España han muerto por la pandemia más de 29.000 personas en residencias de mayores, la mayoría durante los primeros meses de pandemia. En las residencias de Madrid, 6.209 personas habían fallecido con diagnóstico confirmado, y otras 4.709 que presentabas síntomas compatibles con la enfermedad desde el inicio de la pandemia.
La gestión del Gobierno regional presidido por la presidenta Isabel Ayuso estuvo bajo sospecha desde el primer momento. Desde el 18 de marzo de 2020 la Consejería de Sanidad realizó al menos dos protocolos en los que se excluía a las personas mayores dependientes y con gran discapacidad de ingresar en un hospital. La izquierda no ha dejado de pedir explicaciones desde entonces, y la Fiscalía investigó la gestión tras decenas de denuncias presentadas por los familiares de los fallecidos.
Vox, que en un primer momento aseguró su voto a favor de la constitución de la comisión se ha desmarcado más tarde anunciando la abstención, una postura que ha provocado su distanciamiento de los populares. El diputado del partido político Mariano Calabuig ha mantenido que «no estamos ni con ustedes ni con ellos», refiriéndose a la izquierda y al gobierno, y ha zanjado diciendo que el gobierno regional «falló en lo fundamental y se vio desbordado, pero ahora es momento de preocuparse por buscar nuevas soluciones para las residencias en el futuro».
Por su parte, la izquierda no ha dudado en criticar la postura del PP y Vox respecto al tema. El diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha criticado «la infamia y la ruindad» de la derecha por impedir la investigación, y ha mantenido que su postura sería diferente si en la Comunidad gobernara la izquierda.
