- En el último Pleno municipal Más Madrid Alcalá presentó una “moción por el derecho a la vivienda” que se encontró con los votos en contra de PP, PSOE y Vox. La propuesta de Más Madrid Alcalá tenía dos partes: “1) exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que no cobre el IBI a los inquilinos del Plan Vive; 2) exigir al Gobierno de España la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los tributos que gravan la propiedad, como el IBI, siempre corran a cargo del arrendador”.
Promesas inclumplidas del Plan Vive de Ayuso
Más Madrid Alcalá critica que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid es “insuficiente y no cumple con lo prometido a los inquilinos”. “Por el contrario, está resultando ser una jugosa fuente de ingresos para las empresas constructoras. Hemos conocido que un grupo controlado desde el paraíso fiscal de Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del Plan Vive. Todo eso mientras la Comunidad de Madrid, propietaria de los inmuebles, pretende cobrar o repercutir el IBI a los futuros inquilinos del Plan Vive. De esta forma, el alquiler de una vivienda de 3 dormitorios en la calle Alfonso XII de Espartales Norte costará, sumando estos conceptos, más de 1.000€ al mes. Eso está muy lejos de ser una vivienda un 40% por debajo de los precios del mercado, que es lo que prometía Ayuso. Propusimos que para compensar estas promesas incumplidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid renuncie a cobrar el IBI y las tasas municipales a los futuros inquilinos de las viviendas del Plan Vive”, añade Rosa Romero, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Solo Más Madrid defiende la reforma de la LAU
La segunda parte de la moción que Más Madrid Alcalá llevó al último Pleno municipal consistía en “reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar que los gastos derivados de tributos que gravan la propiedad siempre corran a cargo de la parte arrendadora”.
En palabras de Rosa Romero, portavoz de Más Madrid Alcalá en el Ayuntamiento: “El IBI es un impuesto que, como su propio nombre indica, grava el valor de los bienes inmuebles. Es decir, grava a la propiedad de la vivienda. Sin embargo, en ocasiones, el coste de este impuesto, que grava a la propiedad, puede transferirse a la persona inquilina. Esta incongruencia es posible porque la LAU lo permite. Si bien es cierto que la costumbre recomienda que los gastos relacionados con la propiedad, como el IBI o tasas de residuos, corran a cargo de la propiedad, nada impide que puedan trasladarse al inquilino; ya que el artículo 20.1 de la LAU indica que las partes podrán pactar quién asume qué”.
“¿Creen que las dos partes, propietario e inquilino, están en condiciones de igualdad en esa negociación? Es imposible que se dé un contrato entre personas libres e iguales cuando una de las partes, la inquilina, tiene sin cubrir una necesidad vital, como es la de vivir bajo un techo. Esta desigualdad de poder no se tiene en cuenta en el artículo 20.1 de la LAU. Eso es lo que queríamos cambiar con nuestra moción. Igual que exigimos que la Comunidad de Madrid pague el IBI en las viviendas de su propiedad, sin cargar más a los inquilinos, queremos que la ley garantice ese mismo criterio con el resto de contratos de alquiler”, concluyó Rosa Romero, portavoz de Más Madrid Alcalá.
