El procedimiento afecta también a los ayuntamientos de Meco y Torrejón de Ardoz.
La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, tendrá que acudir al juicio por el caso Termyca acusada de un supuesto delito de prevaricación administrativa.
Antonia Alcázar rechaza tal acusación argumentando que este asunto tiene su origen antes de su nombramiento como alcaldesa. «Al llegar al cargo me encontré una contratación con visos de irregularidades y lo primero que hice fue iniciar la licitación para hacerlo bien», afirmaba la alcaldesa en declaraciones a SER Henares cuando se emitió el auto de procesamiento el pasado mes de marzo.
La alcaldesa sostuvo ante el juez instructor, José Luis Calama, que «por fechas es evidente que no tuve nada que ver. En 2019 el pleno de organización fue en julio y en noviembre ya se firma el primer decreto de la Concejalía de Hacienda para iniciar la licitación con un acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias». Argumentos que no han sido suficientes para que prospere el recurso de su abogado, ya que la Audiencia Nacional estima que será durante el juicio cuando los investigados deban defender su inocencia.
El despliegue de la Guardia Civil para registrar el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el año 2016 está relacionado con quien fuera interventora de este consistorio, Lucía Mora, una de las principales investigadas. Según el auto judicial, Mora contactó con CGI para que se hicieran con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda, algo que nunca se llegó a producir. El gobierno torrejonero aseguró que desde el año 2010 no hay ninguna relación ni con CGI ni con su matriz EFIAL.
En Meco está investigado el concejal del PP Luis Gómez, entonces titular de la concejalía de Hacienda. La consultora CGI se dedica, principalmente, a la recaudación ejecutiva. Según los investigadores existía una trama de amaños con políticos y técnicos municipales para trocear contratos y eludir la ley, así como para gestionar directamente empresas públicas.
