- El texto legislativo borra 12 años del “procés” donde los delitos cometidos bajo el paraguas independentista en Cataluña quedarán impunes.
- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Ministerio del Interior tramitará la petición de Carles Puigdemont de tener escoltas.
El lunes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó en solitario en el Congreso una propuesta de ley de amnistía que elimina la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de quienes estuvieron involucrados en el proceso soberanista en Cataluña desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Este proyecto no cuenta con las firmas de sus socios de investidura (Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG).
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras consultarlo con el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria del pleno para los días 15 y 16 de noviembre.
La propuesta de ley de amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, sino también a directores de colegios, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que participaron en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Además, incluye una referencia directa a Carles Puigdemont, indicando que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión», así como las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales que afectan a otros tres dirigentes fugados.
La propuesta justifica la necesidad de la amnistía argumentando que la aplicación estricta de la legalidad es «necesaria», pero «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo». Por lo tanto, aboga por adaptar el Derecho al contexto político, considerando la amnistía como una decisión política bajo el principio de justicia.
La propuesta excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en conductas previstas en la directiva europea de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales hasta tenencia y fabricación de explosivos, así como torturas.
La propuesta no hace referencia al «lawfare» o persecución política desde los tribunales, ni menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales. Sin embargo, prevé la reforma del Código Penal para incluir la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.
La ley de amnistía también eximirá de la presunta «responsabilidad contable» a más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, en el caso del Tribunal de Cuentas, donde se les reclama entre 3 y 5 millones de euros por el «procés». Este procedimiento es uno de los más inminentes y afecta a diversos exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del «procés». La Fiscalía cifra ese desvío en unos 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana la eleva a 5,3 millones.
